Productores, analistas y organismos internacionales coinciden en que el petróleo barato ha venido para quedarse durante un período prolongado de tiempo. Consideran que no sucederá como en 2008. En esa fecha, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, pasó en seis meses de 146 a 36 dólares (110 dólares menos) y en los doce meses siguientes rebotó con fuerza hasta los 80 dólares. Lo que ha sucedido en el último año y medio es completamente diferente: en esos dieciocho meses ha pasado de 114 a 27 dólares (87 dólares menos) y solo en el primer trimestre de 2016 ha escalado tímidamente hasta los 40 dólares. Esos precios bajos han tenido un impacto directo en la bajada de los precios de los carburantes.

Fuentes empresariales consultadas por CincoDías consideran que este es el principal argumento que utilizará el Ejecutivo que salga de las actuales negociaciones o de unas futuras elecciones, con independencia de quién lo presida, para elevar el gravamen del impuesto especial que grava los carburantes. A los precios bajos se une el hecho de que España es uno de los países que menos grava a la gasolina y al gasóleo. Los últimos datos de la Comisión Europea (en los que también se incluye el conocido como céntimo sanitario, de competencia autonómica) revelan que se pagan 461 euros por cada 1.000 litros de gasolina y 367,9 por cada 1.000 litros de gasóleo. En el caso de la gasolina de 95 octanos, solo hay siete países (Rumanía, Letonia, Lituania, Estonia, Hungría, Polonia y Bulgaria) que paguen menos impuestos que España, cuya factura fiscal es casi la mitad de lo que pagan Holanda o Reino Unido. En el caso del gasóleo también solo hay siete países (Hungría, Letonia, Polonia, Grecia, Luxemburgo, Lituania y Bulgaria) donde la fiscalidad es menor. La factura en Italia o Suecia casi duplica a la española.

Todos los partidos llevan en sus programas electorales medidas en ese sentido.

El tercer argumento es la lucha contra el cambio climático y la penalización vía impuestos a las energías más contaminantes. Todos los partidos llevaban referencias a ese respecto en sus programas electorales. El PSOE abogaba por reformar el impuesto especial sobre hidrocarburos “para hacer de ellos verdaderos impuestos medioambientales” y apostaba por concertar esa nueva fiscalidad con las autonomías, “que ya cuentan con figuras tributarias similares”. Podemos también explicitaba cambios en el programa con el que concurrió a las elecciones. “Reformaremos los impuestos sobre los hidrocarburos y el carbón y en particular revisaremos los beneficios fiscales existentes”. La formación liderada por Pablo Iglesias también abogaba por igualar los tipos impositivos de gasolina y gasóleo, lo que en realidad supondría una subida de impuestos para el gasóleo, el combustible que utiliza el 70% del parque automovilístico en España, muy cuestionado por su elevada capacidad para contaminar.

Petroleo Brent 39,430 -2,086%

En su programa, el PP promete “profundizar en las medidas de fomento y vigilancia de la competencia y de los precios en el mercado de carburantes y continuaremos favoreciendo la implantación de gasolineras independientes”.

Unas medidas que han servido para impulsar la llegada de estos operadores, que ofrecen precios de venta al público más asequibles a costa de tener menores márgenes y costes, pero que ha abierto una guerra con un nutrido grupo de comunidades autónomas. Ya hay nueve (Navarra, Asturias, Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia y Comunidad Valenciana y Madrid) que se han opuesto al modelo de las llamadas estaciones de servicio desatendidas y que están dispuestas a desarrollar normas propias que obliguen a los productores a tener al menos a una persona atendiendo.

FUENTE: CINCO DIAS.