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El Gobierno prevé recaudar 600 millones en tributación medioambiental con la equiparación del diésel y la gasolina.

La nueva ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha indicado que el Gobierno no descarta subir los impuestos para mejorar las políticas sociales, si bien ha apuntado que es un debate que no se ha abordado en el primer Consejo de Ministro del Ejecutivo celebrado este viernes.

En su primera rueda de prensa tras la reunión del Gobierno, la ministra portavoz afirmó que “ciertamente hay posibilidad” de que el Ejecutivo suba los impuestos, y añadió que esta cuestión “está trabajada” con muchas comunidades autónomas con el fin de mejorar las políticas sociales, “respetando” eso sí los Presupuestos Generales del Estado de 2018, tal y como se ha comprometido Pedro Sánchez.

De hecho, el PSOE contemplaba subidas de impuestos por importe de 6.500 millones en sus Presupuestos alternativos para 2018, presentados antes de la moción de censura. En concreto, proponía que la presión fiscal en España aumentara al 42% del PIB, frente al 38% del proyecto presupuestario del PP, con medidas como que las grandes corporaciones paguen un tipo efectivo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades del 15% y elevar el IRPF hasta el 52% para las rentas superiores a los 150.000 euros.

Los 6.420 millones se recaudarían a través del IRPF (1.900 millones) por la progresiva equiparación de los tipos impositivos en las rentas del trabajo y rentas de capital; cerca de 4.000 millones con el tipo mínimo del 15% en Sociedades, y otros 600 millones en tributación medioambiental con la equiparación del diésel y la gasolina.

A estos 6.500 millones se sumarían otros 1.500 millones de recaudación por la lucha contra el fraude, lo que totalizará los 8.000 millones de ingresos complementarios fiscales previstos por el PSOE en sus Presupuestos alternativos.

FUENTE: EUROPA PRESS

Expertos defienden una subida de impuestos en el sector energético para incluir coste por daño medioambiental.

Expertos en transición energética defienden una subida de impuestos en el sector energético para que de este modo quede reflejado el coste por daño medioambiental.

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la Comisión de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética, Jorge Sanz, que ha detallado este lunes en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) el contenido del Informe que servirá de base para la discusión de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Según Sanz, con esta nueva fiscalidad que proponen, subirían los precios de la electricidad, el gas y la gasolina, entre otros, porque tal y como sostiene, actualmente la fiscalidad ambiental en estos sectores “es muy baja”.

El experto ha defendido la necesidad de que los precios sean “volátiles” y que esta subida de impuestos repercuta además en el usuario que consume “en las horas en las que hay una alta probabilidad de agotar las tecnologías de generación firmes disponibles”.

“Aunque no guste, ordenará el debate tecnológico”, apunta el presidente del Comité, ya que permitirá que surjan nuevas tecnologías más eficientes. “Es fundamental trasladar las señales de precio –añade–. Estas son las señales correctas”.

No obstante, advierte de que el aumento de los impuestos “es un problema para la política”. “Cuando los precios bajan, ya se encargan los ministros de decirlo y hacerse fotos, pero cuando suben se ponen muy nerviosos, y lo que menos le gusta al Gobierno es que suban, pero en los mercados tienen que subir y bajar”. Y añade: “Que haya precios altos es tan bueno como que haya precios bajos”.

DESARROLLO DE RENOVABLES

Según ha expuesto el presidente de la Comisión, esta reforma fiscal ayudaría también a que se desarrollasen las energías renovables: “La energía [renovable] ha de ser valorada al coste de la energía fósil a la que sustituye; si esta [la fósil] internaliza el daño medioambiental, el valor será mayor y la inversión en renovables será mayor”.

La reforma fiscal que propone este Informe, entregado en abril al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, consiste en la fijación de un tipo impositivo por cada elemento contaminante, es decir, hacer pagar a cada tecnología en función de las emisiones generadas.

Aunque el documento contempla exenciones a colectivos vulnerables, como aquellos que compiten a nivel internacional, transportistas, agricultores y pescadores, para los que se estudia compensaciones monetarias que sirvan para ir sustituyendo las energías sucias por limpias.

El informe propone también sacar de la tarifa eléctrica la financiación de los sobrecostes de las renovables y repartirla entre todas las energías finales (electricidad, gas natural y derivados del petróleo).

También sugiere que todos los vectores energéticos financien las infraestructuras necesarias para satisfacer el consumo energético (redes, en los casos de la electricidad y del gas, e infraestructuras viarias, en el caso de la gasolina y el gasóleo A).

“El principal mensaje del informe es que algunas tecnologías van a ganar y otras se quedarán por el camino”, ha comentado el experto, que señala que “está claro que el futuro son las renovables”, ya que son “las más eficientes”, y para ello habrá que “cambiar hábitos y procedimientos”.

FUENTE: EUROPA PRESS