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Los fabricantes de vehículos recurren ante Bruselas la prohibición de circulación en Baleares

La Asociación Española de Fabricantes de Vehículos y Camiones (Anfac) ha denunciado ante la Comisión Europea y ante el Consejo para la Unidad de Mercado, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Govern balear que prohíbe la circulación de los vehículos de combustión en la región.

Según ha informado la asociación en un comunicado, esta norma, en avanzada fase de tramitación, incluye la prohibición de que puedan circular por las islas, a partir de 2025, vehículos diésel (coches y motos) que circulan legalmente en el resto de España y de la Unión Europea.

 

Yendo aún más allá, a partir de 2035, se prohibirá la circulación de coches, motos, furgones y furgonetas propulsadas por combustibles fósiles (diésel, gasolina, gas natural y cualquier hibridación con motores tradicionales). Solo lo podrán hacerlo los ya radicados  en   la región, con independencia de su antigüedad.

Ningún ciudadano europeo podrá acceder con su vehículo de combustión a estos territorios insulares a partir de estas fechas. Tampoco los concesionarios radicados en las Islas podrán vender vehículos de nuevas tecnologías como sí pueden hacer los sitos en la Península, con el consiguiente impacto económico.

Arbitraria y desproporcionado

La Asociación entiende, en sus escritos dirigidos a estas autoridades, que estas medidas son “arbitrarias, inidóneas y desproporcionadas”, “están huérfanas de cualquier respaldo técnico o científico” y suponen “un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea”, así como de la Ley española 20/2013 de garantía de la unidad de mercado, además de ser “inéditas en toda Europa”.

La prohibición pretende “atajar un supuesto problema de calidad del aire”, asegura la denuncia, cuando la calidad del aire en las Islas es entre buena y excelente en base al propio Informe de Calidad del Aire 2017 de Baleares.

“La prohibición incumple flagrantemente la libertad de circulación de mercancías y personas, la libre prestación de servicios, el marco europeo de homologación de vehículos de motor, los procedimientos en materia de reglamentaciones técnicas e incluso, subsidiariamente, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al afectar gravemente al normal funcionamiento del mercado e incidir de manera gravosa y perjudicial a la libertad de circulación de mercancías”, han afirmado en la denuncia.

Procedimiento por infracción

Por ello, la Anfac ha solicitado a la Comisión Europea que inicie un procedimiento por infracción del Derecho de la Unión Europea y, en caso de que se mantenga la vigencia de la aprobación, que se adopten medidas cautelares consistentes en la suspensión de la prohibición.

Además, se ha solicitado al Consejo de Unidad de Mercado que proponga la adopción de medidas necesarias para evitar la entrada en vigor de la prohibición.

Según la asociación, el proyecto de Ley de Cambio Climático balear propone una prohibición de circulación que va “mucho más allá” de las propuestas marco de la Comisión Europea. El enfoque de la Comisión, en este sentido, “apuesta por descarbonizar la economía de la Unión Europea desde un punto de vista amplio y con la contribución de todos los sectores”.

FUENTE: EL ECONOMISTA

Más impuestos al diésel: llenar un depósito de 60 litros costará 2,30 euros más

El Gobierno de Pedro Sánchez ha cumplido con sus promesas y ha propuesto una subida del Impuesto de Hidrocarburos para el diésel con un coste añadido de 3,8 céntimos por cada litro. La medida, que se contempla en el proyecto de Presupuestos Generales que ha aprobado el Consejo de Ministros este viernes 11 de enero, tiene, no obstante, que pasar por el trámite parlamentario por lo que puede no ver la luz. Puede que, incluso, ni los Presupuestos vean la luz.

Pero si finalmente se aprueba el incremento, los conductores verán como llenar su depósito, de una media de 60 litros, aumentará en 2,3 euros, suba o baje el petróleo, pues el Impuesto de Hidrocarburos es ajeno a la cotización del Brent.

De los más gravados

Los combustibles fósiles son de los productos que más tributos soportan. Para hacerse una idea, dependiendo del precio del petróleo, los impuestos pueden suponer entre un 55% y un 60% del precio, más si se trata de la gasolina. Semejante porcentaje se debe a que el litro de gasolina y de gasóleo sufren dos tipos de gravámenes diferentes: el Impuesto de Hidrocarburos y el IVA.

Ambos funcionan de forma muy distinta. En el caso del Impuesto de Hidrocarburos, que es el que pretende subir el Gobierno con el fin de recaudar 670 millones en un ejercicio completo, se grava con una tasa fija que se aplica sin importar el precio internacional del petróleo. La tasa es muy superior en el caso de la gasolina que el diésel que ha estado favorecido por todos los gobiernos europeos al emitir menos CO2, causante del cambio climático.

Gasolina vs gasóleo

Así, en el caso de la gasolina con plomo, la tasa es de 50,58 céntimos por litro, la gasolina con plomo de más de 97 octanos 50,39 céntimos y la gasolina sin plomo de menos de 98 octanos, la más frecuente, 47,26 céntimos. Sin embargo, actualmente en diésel se grava en el Impuesto de Hidrocarburos 37,9 céntimos, que subirá a 41,7 céntimos si se aprueba la medida contemplada en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

El segundo impuesto que grava a los combustibles fósiles es el IV y, en esta ocasión, sí que afecta el precio del petróleo, pues en función de este así evolucionan el precio a que las refinerías cobran sus productos a las estaciones de servicio. El tipo aplicado a los combustibles es del 21 por ciento. Se da la paradoja, que han criticado numerosos expertos fiscalistas, que el 21 por ciento se aplica después de haber aplicado el Impuesto de Hidrocarburos, por lo que se tributa sobre un tributo.

Profesionales exentos

Para evitar conflictos con determinados sectores, el Gobierno ha dejado fuera a los profesionales como transportistas, taxistas, agricultores, pesca… De hecho, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado partidaria de negociar con sectores que se consideren afectados por la subida. Por este motivo, ha dejado muy claro que la subida solo afecta a los particulares.

FUENTE: EL ECONOMISTA.