Las estaciones de servicio de nuestro país denunciaron en los tres últimos ejercicios 115.000 casos de clientes que se fugaron sin pagar los repostajes, según recoge la AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos) en su reciente memoria correspondiente a 2014.

Se trata de un asunto «de creciente importancia», según el informe, que ha supuesto un impacto económico estimado en unos 5 millones de euros anuales, a los que habría que añadir el coste de casi dos millones asociado a la tramitación de las correspondientes denuncias, «que recae en su mayor parte en pequeños empresarios minoristas».

Para atajar este problema, el pasado mes de septiembre se puso en marcha un grupo de trabajo «con el objetivo de facilitar una respuesta segura y contundente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado», liderado por la AOP y que cuenta con la participación de las asociaciones UPI (Unión de Petroleros Independientes), Aevecar (Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles) y Cees (Confederación Española de Estaciones de Servicio).

Las propuestas planteadas pasan por una agilización de los trámites relacionados con las denuncias, una implicación mayor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la identificación de infractores y la reclamación de importes adeudados y la implantación de medios telemáticos para el envío de pruebas a la autoridad competente con el fin de agilizar los procedimientos, según apunta la memoria. FUENTE: ABC