El Gobierno fuerza a Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Cepsa y otras 500 empresas a pagar 7.000 millones al año por las renovables.

El Ejecutivo propone sacar costes de la factura de la luz para que sean asumidos por otros operadores energéticos, lo que encarecerá sus suministros para abaratar la electricidad

Iberdrola y Endesa acaban de asestar un duro golpe a sus principales competidores (Naturgy, Repsol y Cepsa) en el terreno de juego energético español. Para ello, han contado con la inestimable colaboración del Gobierno, que por el camino ha encontrado solución a un problema (el déficit del sistema eléctrico de 1.500 millones para 2020) con efectos secundarios a nivel político impredecibles (tener que subir la factura de la luz un 6,5% de media).

El Ejecutivo sorprendía este martes al sector —que no esperaba esta medida ahora— con la tramitación de urgencia vía Consejo de Ministros de un proyecto de ley por el que se pretende sacar del recibo eléctrico las primas a las renovables (casi 7.000 millones de euros al año) para que asuman buena parte de este coste otros operadores energéticos. El Ministerio para la Transición Ecológica se afanaba en subrayar un efecto de esta medida: el recibo bajará un 13%. No se detallaba tanto quién asumirá ahora el coste de las ayudas a las renovables.

Fuentes del departamento dirigido por Teresa Ribera explicaban que el nuevo fondo estará sufragado por unas 500 empresas. Y que de estas, menos de un tercio (el 31%) comercializa electricidad. El 43% vende productos petrolíferos y el 25%, gas. Actualmente, hay un fondo similar (Fondo Nacional de Eficiencia Energética) que evidencia las proporciones a las que se enfrenta cada operador. Repsol contribuye con alrededor del 20% de este vehículo mucho más pequeño. Endesa aporta un 14%, Cepsa un 12% y Naturgy un 11%, mientras que Iberdrola aporta en relación con sus ventas un 7,5%.

La memoria de impacto económico del anteproyecto de ley para la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico señala que el sector petrolífero tendrá que pagar 1.251 millones de euros de media al año en los próximos cinco años. Fuentes del sector señalan que esto supondrá una subida de siete céntimos de euro por litro y se quejan de que ahora tienen que pagar decisiones que en el pasado el sector eléctrico adoptó para descarbonizarse. En este sentido, ironizan con que quizás el resto de sectores también asuma las inversiones en descarbonización del sector de la petroquímica y el refino.

Por su parte, el sector gasista asumirá un golpe de 708 millones de euros de media al año en los próximos cinco años. Por su parte, el sector eléctrico pagará 900 millones de media al año en el lustro que viene.

Esto significa que empresas como Repsol, Cepsa o Naturgy se encontrarán con nuevos costes que previsiblemente trasladarán al cliente final. Además, existen grandes colectivos bonificados o exentos, lo que obliga a focalizar el coste sobre un colectivo: el cliente minorista final de carburantes y gas que no sea un consumidor vulnerable. Dicho de otro modo, habrá de repartirse entre la clase media que usa combustibles fósiles para climatización y sus desplazamientos. Un efecto que busca que estos opten por vehículos eléctricos o bombas de calor en lugar de los predominantes automóviles de combustión o las calderas de gas.

El Gobierno lo justifica en que así da las señales adecuadas (más electrificación frente a carburantes) hacia la descarbonización, que hace solo una semana la Comisión Europea elevaba hasta el 55% en 2030. Que los costes de las renovables que contribuyen a la reducción de CO₂ deben ser asumidos por otros sectores energéticos además del eléctrico. También, que España tiene una fiscalidad medioambiental más laxa que países de nuestro entorno que están aplicando nuevos gravámenes, como Francia o Alemania.

La introducción del FNSSE provocará, en términos generales, una convergencia de los precios de los productos energéticos con los del resto de países europeos, que en su mayor parte tienen acceso a una electricidad más barata y a unos productos petrolíferos más caros», destaca la memoria económica del anteproyecto de ley.

Unos argumentos similares a los que ofrecen desde hace tiempo las principales empresas del sector eléctrico y su patronal Aelec, que se congratulaba este martes de este anuncio del Gobierno. También lo hacía el consejero delegado de Endesa, José Bogas, otro de los que más han reivindicado una medida de este tipo junto con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

Las exenciones obligan a focalizar el coste sobre un colectivo: el cliente de carburantes y gas.

Es uno de los puntos fundacionales del Foro para la Electrificación, organización constituida por las grandes patronales del sector eléctrico. Según su portavoz, el director general de la patronal eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez, «apuesta por revisar la carga fiscal de las actividades del vector eléctrico, de tal forma que se incorpore el efecto medioambiental, que promueva el consumo eficiente y que se aplique de forma justa, sin penalizar el uso de la electricidad respecto a otros productos energéticos». Incluso antes de que llegara al Gobierno Pedro Sánchez, el comité de expertos que nombró el anterior ministro de Energía del PP, Álvaro Nadal, abogaba por trasladar el coste de las primas a las renovables al sector de los combustibles fósiles. Medida que entonces rechazó el propio Ejecutivo de Rajoy.

También las renovables recibían la medida con buenas palabras. Este es el caso de UNEF o APPA. Silencio absoluto por parte de las grandes empresas del sector de los hidrocarburos.

Con esta medida, Transición Ecológica impone un coste a las petroleras que Hacienda no fue capaz de incluir en los recientes Presupuestos Generales del Estado, después de que renunciaran a la subida al diésel a petición del PNV.

Pero más allá del anuncio, fuentes del sector petrolero advierten de que esto aún está en el inicio de su tramitación parlamentaria y no es la primera vez que una medida de este tipo anunciada por el Gobierno no acaba de salir adelante. Ahora, los diferentes grupos de interés pondrán su atención sobre los diversos grupos parlamentarios que tienen que aprobar esta medida. El Ejecutivo espera activarla en la primera mitad de 2021.

A tenor de cómo están los apoyos tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), con la mayoría de la investidura reforzada, las miradas se ciernen sobre el PNV y PDeCAt, quienes podrían poner más reparos a estas medidas. En el lado vasco, medirá su capacidad de influencia Repsol, cuyo consejero delegado, Josu Jon Imaz, llegó a ser presidente de la ejecutiva nacional del partido ‘jeltzale’, con el poder de ‘lobby’ de Iberdrola, empresa que Galán asegura es el mayor contribuyente de la Hacienda vasca.

Entre los grupos catalanes, la pelea podría estar entre Naturgy, cuyo máximo accionista sigue siendo Criteria Caixa, el mayor ‘holding’ industrial de España, y Endesa, que domina la energía nuclear en el territorio y está asumiendo una nueva tasa catalana por la que amenaza con ir a los tribunales.

Mucho más alejado de las relaciones públicas se encuentra actualmente Cepsa, propiedad de inversores extranjeros (Mubadala y Carlyle). Se da la circunstancia de que la medida del Gobierno puede favorecer a Total: el gigante petrolero francés acaba de comprar más de un millón de clientes a EDP, en su mayoría consumidores eléctricos que pueden ver abaratada su factura.

Si finalmente se consuma esta medida, siempre queda el recurso de tratar de tumbarla en los tribunales. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica asumen esa posibilidad, pero aseguran que el diseño jurídico de esta ley es lo suficientemente robusto como para evitar que prosperen recursos en los tribunales. Tienen un precedente cercano. El Fondo Nacional de Eficiencia Energética ha sido recurrido por la gran mayoría de empresas sin éxito. El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de las empresas que litigaron por la contribución a este vehículo. Ahora, el nuevo fondo será mucho más amplio y por razones diferentes, con lo que los grandes bufetes de abogados mirarán de cerca la regulación que salga del BOE por si se le puede hincar el diente.

FUENTE: COTIZALIA