La Comisión Europea prepara para el primer semestre del próximo año una reforma fiscal en materia energética cuyo principal objetivo es alinear los objetivos climáticos con las medidas impositivas.

El Ejecutivo comunitario cerró el pasado 14 de octubre el plazo para la presentación de comentarios antes de dar a conocer sus propuestas pero algunos países han iniciado ya la senda para tratar de aplicar con una mayor exactitud la máxima de quién contamina, paga.

Bruselas ya intentó en 2011 una reforma de la directiva pero finalmente fracasó por la falta de acuerdos entre los países miembros y acabo desechándose la medida durante la presidencia griega.

Con la propuesta de creación de un fondo que acaba de lanzar el Gobierno español, el precio de los carburantes se encarecería del orden de 5 a 7 céntimos por litro. Esta media se suma a las adoptadas ya por países como Alemania, donde se ha implementado una reforma fiscal en el mismo sentido.

Los combustibles fósiles contribuyen a financiar las energías renovables, reduciendo así la tasa que por ellas pagan los consumidores de electricidad en sus facturas y rebajando los costes de las tarifas de electricidad.

El Gobierno baja la luz un 13% y sube el carburante con un céntimo verde

El Gobierno bajará la luz un 13% al quitar de la factura 7.000 millones de las renovables

Francia también ha llevado a cabo una reforma similar al poner una tasa al CO2 que grava al carbón, al gas natural y a los productos petrolíferos, de forma que las energías pagan impuestos de forma proporcional a sus emisiones de CO2. El dinero recaudado a través de estos impuestos se usa para financiar las renovables, de manera que todas las energías hacen un esfuerzo. Pese a esto, Francia prepara un ajuste de la retribución a las renovables en el país que podría ser incluso retroactivo. Dinamarca, a su vez, está dando pasos para implementar una reforma fiscal ambiental basada en introducir un impuesto sobre las emisiones de CO2.

La medida adoptada supone también un paso para incentivar los cambios de hábitos por parte de los consumidores y permitirá alinear la fiscalidad con los objetivos de la Estrategia de movilidad sostenible europea. Tras conocerse el proyecto de Ley presentado por el Gobierno, las principales asociaciones de renovables del país se pronunciaron de forma favorable a la media del Gobierno, entre ellas, Unef y Appa que fue uno de los impulsores del primer proyecto en este sentido presentado en mayo de 2010.

Por otro lado, fuentes de las petroleras creen que la medida seguirá cargando el coste al consumidor y mermará su competitividad pero en principio se descarta que vaya a abrirse una batalla legal.

FUENTE: EL ECONOMISTA.