Unas 300 personas protagonizaron ayer la primera batalla en la guerra que el pequeño comercio ha declarado a la política del Govern. Bajo la lluvia, realizaron un corto recorrido desde la plaza de Cort hasta la sede de la Vicepresidencia del Ejecutivo balear para entregar al titular de ese departamento, José Ignacio Aguiló, un manifiesto en el que se reclama un cambio de rumbo en lo que se considera como una línea que beneficia a las grandes superficies.
En palabras del presidente de una de las patronales convocantes, Bernat Coll de Pimeco, «el empresario no está acostumbrado a salir a la calle, y teniendo en cuenta la lluvia, podemos decir que ha sido un éxito». Aunque previamente tanto él como su homólogo en Afedeco, Bartolomé Servera –que no dudaba en acusar al Ejecutivo del PP de haber «engañado» al sector–, ya advertían de que al margen del número de participantes, la concentración era un éxito al haber conseguido unir a sectores como el comercio tradicional, las estaciones de servicio y los agentes comerciales, y además con el respaldo de los consumidores. Para dar fe de ello, allí estaban el presidente de la patronal de gasolineras, Jesús Salas; el de los representantes comerciales, Juan Manuel Cobacho; el de la asociación de consumidores La Defensa, Bernat Ferrer; y el de Facua en las islas, Alfonso Rodríguez.
Y además, a ellos se sumó una representación del PSM-IV-ExM, con Biel Company y Fina Santiago al frente, y sindical, con el secretario general de UGT en las islas, Lorenzo Bravo.
En el manifiesto dirigido al vicepresidente Aguiló, los convocantes destacaron que hasta ahora el sector comercial había recibido siempre el respaldo de la clase política, con un respeto por unas reglas de juego que permita un equilibrio territorial y la sostenibilidad del sector. Pero en su opinión, el actual Govern ha modificado esta situación de forma «unilateral», y su política «de forma incomprensible se ha dirigido a favorecer la entrada de grandes operadores, se ha vuelto oscura, sin transparencia y, creemos que es lo peor, sin valorar las consecuencias de las acciones».
Las organizaciones firmantes subrayaron que los «servidores públicos no deben adoptar medidas que afecten a las empresas ya implantadas sin buscar el consenso, y cuestionaron las «medidas arbitrarias» que se toman «bajo el pretexto de una riqueza ficticia que lo único que aporta son cierres, paro y la pérdida del trabajo realizado durante tantos años».
Por ello, se reclamó al vicepresidente del Govern que de marcha atrás a las políticas que ha desarrollado hasta ahora y que mantenga el equilibrio existente en el sector comercial, ya que en caso contrario los efectos serán «irreversibles».
Este documento fue entregado en mano al propio Aguiló, que estuvo acompañado del director general de Comercio, César Pacheco, y por la secretaria autonómica de Promoción Empresarial, Lourdes Cardona.
Al salir de este encuentro, tanto Servera como Coll manifestaron su esperanza que desde el Govern se les llame para negociar una nueva política, aunque desde las asociaciones de consumidores no se ocultaba su escepticismo ante la posibilidad de que este Ejecutivo cambie de actitud pese a que «lo acabará pagando» según Ferrer.DIARIO DE MALLORCA.