El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prepara un Real Decreto en el cual se establecen métodos de cálculo y requisitos de información en relación a la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el transporte. Actualmente ya existe la obligación, por parte de las empresas minoristas, de facilitar las ventas por producto al Ministerio al final de cada año. El cambio que propone el Decreto es que a partir de su publicación esa información se presente previamente auditada por una empresa del ROAC.

La propia memoria del borrador de Real Decreto afirma que la implantación de esta auditoría no tendrá costes para las empresas. Desde el sector, sin embargo, objetan que la realidad puede ser distinta porque auditorías como las propuestas por el Ministerio de Energía pueden llegar a costar entre 1.500 y 5.000 euros.

La Ley de Hidrocarburos prohibía hasta 2015 a las gasolineras tener más del 30% de cuota de estaciones de servicio a nivel provincial. A partir de ese año, la nueva Ley estableció que el 30% sería por cantidades vendidas (litros), cuyo cálculo se hace con los datos de ventas que envían las gasolineras una vez al año (litros vendidos/año).

La normativa fue recurrida por Repsol, que señaló la imposibilidad de asegurar la exactitud de los datos de ventas. En un intento por zanjar la polémica, el Ministerio diseñó este Real Decreto, cuyo borrador ya ha sido remitido a la CNMC y que incluye una auditoría para dar verosimilitud a las cantidades declaradas.

Las empresas del sector reafirman la transparencia del sistema de envío de precios de los carburantes al Ministerio de Energía. Por ello, consideran que someterlo a una auditoría es innecesario y alertan de que podría acarrear un encarecimiento del producto. En ese sentido, recalcan que es previsible que el sobrecoste termine trasladado al precio de venta al público de los carburantes, dada la situación contable de algunas gasolineras.

El borrador del Real Decreto debe ser ahora analizado por la CNMC, el Consejo de Estado y las empresas del sector. En manos de estos actores está realizar observaciones y recomendar las modificaciones que consideren oportunas, como las que ya prepara la Asociación de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid (AEESCAM).