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Se impondrán sanciones de 30 millones para las gasolineras sin recarga para coches eléctricos

El borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energéticaque el Gobierno ha remitido a las formaciones políticas, al que ha tenido acceso elEconomista, impone multas de hasta 30 millones de euros a las gasolineras que no dispongan de puntos de recarga para vehículos eléctricos semirrápidos, de 22 kW, alimentados con energía cien por cien renovable.

El Ministerio para la Transición Ecológica quiere que haya una gran presencia de los vehículos eléctricos para que puedan sustituir totalmente a los vehículos convencionales a partir de 2040 y para ello potenciará a corto plazo el despliegue de las infraestructuras de recarga en las gasolineras, que se materializará de un modo progresivo.

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Según recoge el artículo 16 del borrador normativo, las gasolineras con ventas superiores a los 10 millones de litros en 2017 deberán presentar un proyecto al Ministerio para la instalación del punto de recarga, en un plazo de nueve meses, que tendrá que ejecutarse y prestar servicio en un plazo de 12 meses.

Las gasolineras con ventas de cinco a 10 millones de litros tendrán 15 meses para presentar su proyecto al Ministerio y también un año para ejecutarlo. El automóvil y las petroleras ya han mostrado su rechazo a la prohibición de los carburantes en 2040.

En el caso de que en la provincia, isla o Comunidad Autónoma no haya ninguna estación de servicio que cumpla los criterios anteriores, las gasolineras con más ventas, hasta alcanzar el 10% del total, tendrán que presentar un proyecto conjunto en 15 meses y tendrán un año para materializarlo. El Ministerio publicará el listado de las instalaciones incumbidas por esta disposición.

Un punto de recarga de 22 kW exige una inversión de 30.000 a 50.000 euros y tarda de una a dos horas en llenar la batería del vehículo. El borrador normativo establece que sólo estarán eximidas de instalarlo aquellas estaciones de servicio en las que sea imposible por motivos de seguridad. También indica que la Administración podrá contribuir a su financiación total o parcialmente.

FUENTE: EL ECONOMISTA.

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