La Comisión Nacional de Mercados y Competencia realizará un examen general de los contratos de la red de estaciones de servicio de Repsol, Cepsa y BP, tal y como decidió el consejo de la misma a finales del pasado mes de julio, según ha podido saber elEconomista.

 

La intención del organismo que preside José María Marín Quemada es analizar estos contratos desde el 30 de julio de 2009 hasta el momento actual, con la intención de conocer la evolución de dichas redes en los últimos ocho años.

El organismo supervisor pretende así saber si las tres petroleras han cumplido plenamente con las obligaciones impuestas en la resolución que el organismo adoptó en 2009 para evitar que las compañías fijaran los precios de los carburantes.

A lo largo de la elaboración de la vigilancia sobre dicha resolución, un procedimiento habitual para controlar que las prácticas que resultaban contrarias a la normativa no se siguiesen produciendo, la Dirección de Energía ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar con los gestores de sus puntos de venta la veracidad de los vínculos contractuales informados al Ministerio, para que en el caso de la existencia de errores se pueda proceder a notificar los cambios oportunos.

En el estudio que deberán elaborar los técnicos de la CNMC tendrán que revisar el número y clase de las estaciones de servicio pertenecientes a la red de cada operador en diciembre de cada año natural desde 2009, el porcentaje de dichas estaciones afectadas por el cumplimiento de la citada resolución, así como la evolución anual de los distintos tipos de relaciones contractuales existentes.

El organismo realizará una valoración sobre los efectos de todo ello en la competencia inter e intramarca considerando efectos de redes paralelas y teniendo en cuenta igualmente la adaptación de los contratos DODO -Dealer owner-dealer operator- de las compañías a la Ley 11/2013 ( y por ende a la resolución de 2009).

En la resolución de vigilancia, que ha aprobado el consejo, se incluye también una curiosa petición de la Sala, que considera necesario que se analicen las respuestas de las compañías al requerimiento de información que la CNMC realizó el 27 de abril en relación a los posibles errores o contradicciones que la Dirección de Energía habría detectado.

Este inusual punto pone de relieve la tensión que se mantiene internamente en la CNMC, al ponerse en evidencia entre distintas direcciones el trabajo realizado.

La CNMC , en el seguimiento que hace de sus sanciones, ha decidido declarar que no resulta posible considerar acreditado el cumplimiento de la resolución del año 2009 en los términos propuestos por la Dirección de Competencia en este informe parcial de vigilancia elevado a la sala el pasado 3 de mayo.

El organismo sancionó a Repsol (5 millones), Cepsa (1,8 millones) y BP ( 1,1 millones) por fijar indirectamente el precio de venta al público a empresarios independientes que operaban bajo su bandera.

El 20 de diciembre de 2013, la CNMC declaró el incumplimiento parcial de la resolución, que fue recurrido también ante la Audiencia Nacional, que todavía no ha resulto en primera instancia ninguno de los tres casos.

El 29 de enero de 2015, la Sala de Competencia declaró el incumplimiento de Cepsa y BP y les multó con 2,5 milones y 750.000 euros, respectivamente. Posteriormente, el 12 de marzo declaró el incumplimiento de Repsol y le sancionó con 8,75 millones.

Las tres petroleras recurrieron la decisión y la Audiencia sigue también sin resolver en primera instancia ninguno de los tres casos.

Sanciones anuladas

La Audiencia Nacional anuló este pasado mes de agosto una multa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a Repsol de 22 millones de euros por manipular precios. La sanción, de 2015, era de las mayores que ha impuesto el regulador, pero ha sido revocada por un defecto de forma.

Un extremo similar se ha producido con varias de las multas impuestas a los operadores de telecomunicaciones. Así, el tribunal anuló una multa de 120 millones a Telefónica, Vodafone y Orange, la que era la tercera mayor sanción impuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

FUENTE: EL ECONOMISTA.